Comentario

Si en el país faltaban mecanismos eficaces para oponerse tanto a una agitación interior que tenía su origen en las dificultades económicas, como a la propaganda revolucionaria procedente del exterior, Floridablanca hubo de acentuar las posibilidades que ofrecía la Inquisición como instrumento de control social y político, consolidándose la alianza entre el Estado y el Santo Oficio. Mientras el Estado se encargaba de prevenir, los catorce tribunales de la Inquisición y sus comisarios pasaban a efectuar una mayor labor represiva de las "perversas" doctrinas.
Para prevenir, el Estado tomó actitudes defensivas. Había que impedir el conocimiento en España de los cambios políticos que estaban teniendo lugar en Francia, y para ello fueron instaladas tropas a lo largo de la frontera al modo de como se disponían en la época los cordones sanitarios en los lindes de las poblaciones para evitar la propagación de una epidemia, pues según el propio Floridablanca la intención era formar "un cordón de tropas en todo la frontera de mar a mar al modo que se hace cuando hay peste para que no se nos comunique el contagio". Una medida que debía complementar las instrucciones aislacionistas anteriores fue la orden de que los periódicos oficiales, como la Gaceta de Madrid, no mencionaran los acontecimientos franceses. En las páginas de este diario, dependiente de la Secretaría de Estado, no se hizo mención alguna de la convocatoria de los Estados Generales, reunidos en Versalles el 1 de mayo, y en julio de 1789 la única noticia procedente de Francia considerada destacable fue la entrega por Luis XVI a un obispo del capelo cardenalicio. Posteriormente, estas medidas preventivas iniciales se completaron con la prohibición absoluta de publicar noticias o comentarios sobre Francia, tanto favorables como contrarias a la causa del absolutismo.

La acción represora que tenía a su cargo la Inquisición centró su objetivo prioritario en un fenómeno inusual hasta entonces, al menos a tan gran escala: la propaganda revolucionaria, estudiada por Lucienne Domergue, que se veía acompañada de una inaudita curiosidad entre los españoles. La Inquisición calificaba a los revolucionarios de fanáticos de la libertad, tal era el afán proselitista que poseían. Proclamas destinadas a moldear la opinión pública, folletos, libros, periódicos y octavillas antimonárquicas y anticlericales en francés y relacionadas con Francia llegaron a España por los más variados medios desde los días posteriores al asalto de la Bastilla. El comisario de la Inquisición en San Sebastián informaba de esa precocidad y abundancia al señalar que los impresos y manuscritos que corren aquí desde el mes de julio son los correspondientes a los sucesos presentes de las revoluciones de Francia y su Asamblea general, para añadir a continuación que se ve inundada la ciudad de esta especie de papeles. Y en ocasiones se producían incidentes protagonizados por miembros destacados de la sociedad, como Manuel Acuña, un guardia de corps, que fue condenado a un año de cárcel por la provocación cometida en El Escorial el 6 de diciembre de 1794, cuando "se presentó con siete u ocho en un palco de la Comedia con gorros de la libertad y gritando ¡Viva la libertad! El Gobernador que estaba allí les quiso reconvenir y le enviaron claramente a la mierda".

La curiosidad de la sociedad española ante los sucesos franceses se vio estimulada por la atracción que se sentía hacia lo prohibido, y que alcanzó no sólo a los grupos ilustrados de las ciudades, sino a pequeñas poblaciones, como lo prueban los incidentes reseñados por Gonzalo Anes en Torrecilla, en las proximidades de Santo Domingo de la Calzada, cuyos vecinos se manifestaron dando vivas a la igualdad y a la Asamblea, o en Brazatortas, en Ciudad Real, en que se desfiló por las calles al grito de ¡Viva la libertad!

Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, la situación de Luis XVI, a quien se consideraba un rehén en manos de los revolucionarios, aconsejaba dejar en suspenso el Pacto de Familia, lo que conllevaba el aislamiento internacional y la necesaria restructuración de la política exterior. La posibilidad de que la situación fuera pasajera se esfumó con la detención del rey en Varennes, tras su intento de fuga, en junio de 1791, lo que inclinó a Floridablanca a intervenir directamente en los asuntos franceses para restituir en el trono a Luis XVI. Dos decisiones del Secretario de Estado español tensaron las relaciones hispano-francesas hasta límites cercanos a la ruptura.

Una fue el envío de una nota diplomática, fechada el 1 de julio, al conde de Montmorin, ministro de Relaciones Exteriores francés, para su traslado a la Asamblea Nacional, en la que justificaba la huida del rey por la falta de libertad en que se encontraba, y exhortaba a los franceses a reflexionar "bien detenidamente sobre la resolución que su soberano se ha visto en la necesidad de tomar; que remedien los duros procedimientos que puedan haberla motivado, y que respeten la dignidad eminente de su persona sagrada, su libertad, sus inmunidades y las de la familia real". La otra fue el proyecto de alianza con Austria, Prusia, Suecia y Rusia, una coalición que, de momento, no llegó a formarse por falta de acuerdo entre sus potenciales integrantes, entre los que Austria todavía confiaba en que el juramento de la Constitución por Luis XVI, aunque impuesto al rey, podía ser una tabla de salvación para la monarquía francesa. Ambas decisiones tuvieron un efecto contrario al deseado, pues fueron consideradas como gravemente hostiles hacia Francia y muy perjudiciales para la ya muy delicada situación de Luis XVI.

La nota, leída en la Asamblea Nacional, provocó su repulsa por considerar que se trataba de una injerencia inadmisible en los asuntos internos de Francia, siendo aplaudida la declaración de un diputado que afirmó que las potencias de Europa sabrán que moriremos, si es necesario; pero que no permitiremos que intervengan en nuestros asuntos.

Si bien Luis XVI fue repuesto en sus funciones, tras la jura por el monarca de la Constitución el 14 de septiembre de 1791, las elecciones para la Asamblea legislativa, reunida en octubre de ese mismo año, incrementaron el cariz radical de la política francesa y, por ende, los motivos de preocupación para Floridablanca. Los bienes de los emigrados fueron secuestrados, y el clero refractario deportado. Los girondinos hacían llamadas a la necesidad de efectuar un gran esfuerzo para exportar la revolución allende las fronteras de Francia. El pueblo español se presentaba como un pueblo oprimido e infeliz, al que los girondinos franceses querían ayudar a que conquistase la libertad y la felicidad, un pueblo de esclavos sometidos a un monarca que se negaba a convertir a sus súbditos en ciudadanos.